Se reglamentó la Ley de Acceso a la Información Pública

Se reglamentó la Ley de Acceso a la Información Pública

Esta reglamentación completaría el proceso para la puesta en marcha de la ley a partir del 29 de septiembre de 2017.

Una publicación en el Boletín Oficial dio a conocer la reglamentación de la ley que obliga a los tres poderes del Estado a brindar datos a cualquier ciudadano que lo requiera. Según establecieron, con esto se completaría el proceso para la puesta en marcha de la ley a partir del 29 de septiembre próximo, luego de que fuera aprobada en el Congreso en septiembre de 2016 y reglamentada parcialmente el 31 de enero último.

A partir de la entrada en vigor de la ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información pública en manos del Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial y deberá tener una respuesta en tiempo y forma en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otros 15. Y en caso de no recibir respuesta, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa y/o judicial.

La normativa introduce además obligaciones de transparencia activa mediante la cual cada área del Estado se obliga a publicar de manera accesible, gratuita, actualizada y en formato procesable información sobre su nómina salarial, personal contratado, declaraciones juradas de funcionarios, ejecución de partidas presupuestarias y contrataciones entre otras cuestiones.

Prevé además la autarquía y la elección por concurso abierto, público y participativo de los funcionarios que integren la autoridad de aplicación. Y la creación de un Consejo Federal para la Transparencia que estará conformado por todas las provincias y desde el cual se podrá evaluar el funcionamiento de la aplicación de la ley, informó la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior que conduce Adrián Pérez.

Para complementar esta nueva ley, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para regular el lobby, conocido como Ley de Gestión de Intereses -una modalidad muy difundida en las democracias más transparentes del mundo- que obliga a los funcionarios a llevar un registro público de sus audiencias, entre otros puntos.

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